Durante los dos años que la economía de Nicaragua lleva atravesando dificultad tras dificultad, uno de los consuelos más frecuentes que se pueden leer en las redes sociales es que al menos “tenemos comida”, pero ¿qué pasaría si eso también estuviera en peligro, incluso lo más básico?
La crisis sanitaria, económica y social derivada a nivel mundial por el COVID-19 también afectará la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo entero. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), advirtió hace semanas que los sistemas alimentarios del mundo han sido afectados por las medidas a raíz del virus, que han generado interrupción de la producción agrícola y de las rutas de suministro de alimentos, amenazando con incremento del hambre y la pobreza.
En abril, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley, en un discurso al consejo de seguridad de la Organización de Naciones Unidas, afirmó que “mientras enfrentamos una pandemia de COVID-19, también estamos al borde de una pandemia de hambre”.
Advirtió que los confinamientos y la recesión económica empujarán a una pérdida importante de ingresos entre los trabajadores pobres, las remesas caerán bruscamente y que, si los países del mundo no se preparan, podemos “enfrentar múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en unos pocos meses”.
¿Cómo está la seguridad alimentaria en Nicaragua?
Respecto a las cadenas de suministro interrumpidas, ya vemos lo que pasó en la frontera sur, que estuvo cerrada durante tres semanas y que para destrabarse requirió la firma regional de un listado de Lineamientos de Bioseguridad para el sector transporte Terrestre Centroamericano, en vigor desde el 7 de junio pasado.
Por otro lado, Nicaragua tiene cierta particularidad que hacen vulnerable su seguridad alimentaria y nutricional: los fenómenos climáticos, según recoge la nota La seguridad alimentaria y el cambio climático en el contexto del COVID-19, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).
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Durante muchos años el Índice de Riesgo Climático Global a largo plazo de Germanwatch, ha ubicado a Nicaragua entre los primeros lugares del ranking. Incluso, llegó a ocupar el sexto lugar entre los países más afectados por eventos climáticos extremos entre 1998 y 2017, y aunque en 2020 ocupa la posición 38, no se puede obviar la disminución en el rendimiento agrícola, la irregularidad de las condiciones agrometeorológicas y la seria degradación de los recursos de producción, todo ello por el cambio climático, que tiene un impacto en los sistemas alimentarios.
La nota publicada (que podés ver aquí) menciona que según un análisis de 25 modelos climáticos globales, siguiendo la tendencia actual de las emisiones gases efecto invernadero, a finales del siglo 21 las temperaturas en Nicaragua podrían aumentar hasta 4°C y las precipitaciones reducirse hasta 14 por ciento en el corredor seco, integrado por 33 de los 153 municipios del país, abarcando departamentos como León, Chinandega, Estelí, Madriz, Matagalpa y Nueva Segovia.
Retos impuestos por el COVID-19 en Nicaragua
La publicación advierte de la alta probabilidad de que en el contexto del COVID-19 “surjan nuevos retos para la producción de alimentos, que repercutirán en un incremento directo del hambre y la pobreza”.
Las consecuencias del COVID-19 en la seguridad alimentaria y nutricional se empeoran por la alta informalidad del mercado laboral y falta de mecanismos de protección social para el segmento de la población que debe elegir entre protegerse adecuadamente y llevar el pan a su mesa cada día.
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La reducción de la productividad por los efectos del cambio climático, la recesión económica y las restricciones de movilidad producto de las medidas sanitarias ante la pandemia, amenazan con poner en riesgo los medios de vida, las actividades productivas y los ingresos para los campesinos, productores y consumidores de Nicaragua.
Tomando en cuenta que somos un país dependiente del sector agroalimentario, la combinación de estos riesgos puede tener consecuencias “desproporcionadamente duras en los grupos más vulnerables”, sobre todo porque el 85% de la producción de alimentos del país está en manos de pequeños y medianos productores con recursos y condiciones limitadas.
¿Cómo puede evitarse una crisis alimentaria?
Con inversión del Estado en la protección de los sistemas alimentarios, no sólo para garantizar la producción y disponibilidad de alimentos, sino también como una estrategia para estimular la economía ante esta crisis.
Aún estamos en el inicio del ciclo agrícola 2020-2021, por lo que es necesario revalorizar y adoptar medidas urgentes que protejan y mantengan el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos ante la mezcla de riesgos que enfrentamos.
Algunas medidas podrían ser la reducción temporal del IVA y otros impuestos a productos clave, la revisión de las políticas fiscales aplicadas a los bienes e insumos importados, evitar cualquier limitación comercial, desarrollar protocolos que permitan movilizar productos alimenticios a las zonas rurales, garantizar el acceso a insumos clave asequibles, proporcionar energía barata y mercados competitivos a todos los niveles.
